D'un temps, d'un pais

per Angelí Castanyer i Fons

Parece ya incuestionable que la guerra actual (segona guerra mundial) implicará una revolución profunda de la sociedad y que esta llevará consigo, a su vez, un cambio casi absoluto en la estructura orgánica de los futuros Estados; y que la característica esencial de esta renovación, por lo mismo que ha de cimentarse en el triunfo de las ideas de libertad y democracia, obligará a realizaciones tan vastas como concretas, tan subjetivas como plurales. Triunfo de las Naciones Unidas querrá significar, al fin de esta guerra, triunfo de la sociedad democrática en todas las naciones sean cuales sean sus formas peculiares de expresión. Triunfo de la sociedad en la democracia, triunfo de la democracia por la libertad.

Porqué la experiencia totalitaria ha venido a demostrar-nos una vez más que sin una continuidad orgánica en el libre florecimiento del espíritu humano, las naciones no existen, y, en consecuencia, el Estado es una negación de la sociedad misma que, por fuerte que llegue a ser, encuentra siempre otro Estado circunstancialmente más fuerte que lo vence y aniquila.

El concepto centrífugo, absorbente, llegando a ganar una vasta zona de la conciencia pública en todo orden de ideas morales y económicas, políticas y sociales (grandes trusts, partidos nacionales, sindicatos únicos) había casi elevado a la categoría de un dogma la idea de que todo lo centralizado era bueno y de que toda manifestación dispersiva era nefasta. Concentración -reacción- era sinónimo de potencialidad. Expansión -altruismo- eran síntomas fatales de decadencia. Posiblemente lo interesante de estas concepciones es que no dejaban de ser un tanto ciertas en la substancia y que lo único incierto radica tan solo, sin duda, en la falsedad de su antagonismo aparente. Y es que el totalitarismo, al intentar centralizar hasta las ideas más dispares llegó a hacer olvidar a muchos hombres que, en realidad, lo único malo en la vida es todo aquello que carece de razón, es decir, de sentido justo des de un punto de vista humano. Y es así que ha logrado confundir en muchas conciencias no preparadas los conceptos del orden y de la ordenanza, del ideal y del misticismo, de la unidad y la unificación, y hasta de la unificación y la confusión.

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A medida que los ejércitos de la libertad han ido cobrando trincheras a las hordas tiránicas, hemos visto como el concepto mismo de la democracia revertía en las conciencias como un bálsamo de vida nueva, llevando en sí un nuevo sentido más justo, más moral. La sangre desparramada de los caídos, afluye, como torrente de justicia, a la conciencia de los que quedan, demoliendo barreras de egoísmo, arrastrando todo un cúmulo de vicios e impurezas. Y bien: entre los significados más determinantes de esta magna lucha, no hay duda que resalta, en términos incontrovertibles, el triunfo del concepto federalista de las naciones libres sobre la concepción autárquica, centralizadora, de los Estados tiránicos.

Los Estados Unidos de América, la Gran Bretaña y la URSS., cada una representando concepciones distintas de régimen social-político (República democrática presidencialista, monarquía constitucional parlamentaria, socialismo soviético) coinciden en la forma federalista de su organización estatal: el ejemplo no puede ser más patente y aleccionador, como no lo es menos el caso de la pequeña Suiza, cuya exigüidad de territorio no es obstáculo ni mucho menos para mostrarse bajo el sistema federalista y rodeada de grandes Estados unitarios y antagónicos entre si, como ejemplo magnífico de convivencia nacional y estabilidad política. Y no menos significativo deberá considerarse el propósito por parte de los actuales dirigentes yugoslavos de convertir esta heroica región balcánica en una confederación de Estados autónomos.

Los hombres de la segunda República Española comprendieron el problema y aceptaron el principio y la necesidad de resolverlo, si bien supeditando su realización efectiva, como tantos otros problemas fundamentales, a términos de una imprecisión que, no por justificada en cierto modo, resultó menos operante y suicida. Decir que “España es una República “federable” es tanto como atestiguar un sentido unitario del concepto español… sin solución de continuidad. Se hubiera dicho: “La República Española es un conjunto de nacionalidades unidas en una confederación de Estados o de regiones libres” y se habría afirmado la unidad, tan positiva y lógica, tan justa como objetiva, de esa España tradicional, una y varía, que alienta y subsiste contra todos los vientos opresores, en las entrañas insobornables del pueblo español.

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La última guerra civil ha venido a confirmar una vez más el error profundo en que ha venido incurriendo, con fatal persistencia, los gobernantes españoles. Al estallar el conflicto e independientemente de toda otra circunstancia imponderable que no hace al caso, España quedó dividida casi simultáneamente en dos: la España periférica, formada de las regiones tradicionalmente liberales, que impulsadas hacia horizontes de renovación democrática, quedaron automáticamente adscritas a la legitimidad republicana, y la España cesarista, de raigambre unitaria, que sin gran esfuerzo pudo ser deslumbrada por el brillo, tanto como por la acción, de los espadones insurrectos, aureolados con el incienso ancestral del totalitarismo. No, no es por una circunstancia fortuita que el fascismo español estableciera sus cuarteles en el corazón mismo de la vieja España imperialista. No, no es banalidad intrascendente que el General Franco haya querido acusar el símbolo de la unidad patriótica ciñendo el mando de Carlos V y la espada del Cid Campeador. Y que Jiménez Caballero, uno de los teorizantes más caracterizados del régimen franquista, saludara la desaparición de la República Española, de la España “federable”, con estas palabras tan apropiadas como sinceras: “Tengan bien en cuenta Cataluña y Vasconia, que esta vez no las hemos conquistado por medio de unas elecciones zaragateras, sino con botas de montar y fusta en mano”… Como si no hubiera sido siempre así. Como si a todo lo largo de la historia de España no constara el testimonio cruel de un constante e infructuoso empeño de unificación bastarda, a sangre y a fuego, “con botas de montar y fusta en mano”.

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Con el restablecimiento de la República Española y la integración definitiva del Estado español a la moral democrática del mundo moderno, la cuestión federalista deberá abordarse con igual serenidad y con la entera decisión que requiere el construir dicho problema la base esencial, los fundamentos mismos en que ha de cimentarse el establecimiento de la única unidad española que es justa y viable. Aunque solo fuera -y que se nos perdone la sutilidad- para resolver de una vez y de forma más viable y más justa el espinoso problema de las autonomías regionales…

Don Manuel Azaña, en su afán de abordar únicamente los problemas cuya solución se mostrara justa y racional desde el punto de vista de la continuidad histórica en su sentido anecdótico y ajena en lo posible a toda abstracción ideológica, se mostró inapetente a la solución federal y se constituyó, empero, en el defensor número uno de las reivindicaciones regionalistas… El caso no es paradójico como pudiera parecer. Don Manuel Azaña no comprendía el federalismo sin una conciencia federalista por parte de los diferentes pueblos españoles y reconocía en cambio el derecho a un estatuto de autonomía para aquellas regiones que la desearan y la proclamaran. Pero la época en que era obligado razonar de esta manera ha pasado ya, como han periclitado ya las razones que permitían confiar a la buena fe de las naciones agresoras y de las ideologías “cuadrilleras” el cuidado de no interceptarse en el camino de la libertad y la democracia… En la democracia moderna, todo lo que sea orgánico deberá funcionar; y deberá adquirir derecho orgánico todo cuanto se ajuste a principios formalmente adoptados por la conciencia democrática universal.

Planteada así la cuestión, nos encontramos con que el federalismo en España no puede ser ya el ideal abstracto de una parte de los ciudadanos españoles, ni mucho menos la aspiración unilateral de un cierto número de regiones hispánicas. El resultado de la ultima guerra civil ha de tener consecuencias de un sentido fuertemente biológico tanto en el orden de las ideas como en el de la estructuración orgánica para el normal desenvolvimiento de los imperativos ciudadanos y patrióticos. Con la abolición de esa España “una, grande y libre” de Franco, de Felipe V, del Cid Campeador, y con la consagración jurídica del espíritu renovador de los Comuneros de Castilla, de los agermanados de Valencia, de los Rabassaires de Cataluña, ha de quedar enterrado para siempre ese complejo morboso de la España… una, unificada, uniformada: invertebrada. Así Cataluña, por ejemplo, será siempre española, por mucho que ella misma quisiera empeñarse en lo contrario. Como las Castillas serán tanto más españolas cuanto más en puro castellano se produzca. Y todo lo demás, que no es lo de menos, se nos dará y lo daremos, todos, por añadidura… Lo que no deberá ocurrir jamás, en el nuevo orden democrático, es que la densidad de españolismo en el ciudadano español haya de medirse invariablemente por su capacidad, ya sea activa o pasiva, forzosa o espontánea, de asimilación de la idiosincrasia típicamente castellana o andaluza… o catalana. Bien está que haya podido pensarse así cuando el concepto de la unidad española venia aparejada espontáneamente a los imperativos de realeza, de feudalismo, de universalismo “catolicista”. Pero el “Imperio hacia Dios” ha debido fracasar con infernal estrépito y su fracaso arrastra, inevitablemente, todas las entelequias, todos los sofismas, fundamentalmente anticristianos, que lo mantenían, y que lo mantenían en una perenne senectud capaz de desesperar de rabia y consumir de pena a los cerebros más esclarecidos y a las conciencias más equilibradas de las últimas generaciones españolas.

Nos encontramos, pues, con que el federalismo no es ni una formalidad exótica, ni un antecedente obligado, ni una simple aspiración doctrinal, sino un imperativo más del sentido democrático, una formula equidistante de la unidad española en su sentido más genuino y vital, una reparación orgánica, esencialmente biológica, de los distintos conceptos que la uniformidad hacía parecer antagónicos, de nacionalidad, de patriotismo, de ciudadanía… española, justamente y noblemente española.

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Tratar de exponer en el reducido espacio que ofrece una mera exposición de principios como es esta las normas jurídicas a que debería adaptarse la estructura federal del nuevo estado español, seria pueril e improcedente: Pero no estaría de menos intercalar algunas orientaciones que pudieran considerarse mínimos y substanciales. Podrían ser los siguientes:

Todas las regiones deberán quedar circunscritas a iguales derechos y deberes para con el Estado Federal Español, mediante una aportación similar si no idéntica en sus manifestaciones típicas, a la comunidad republicana.

Todo antagonismo insuperable por las vías de solución jurídica interregional, quedará automáticamente sometido al fallo de los organismos centrales, tales como Gobierno y Parlamento Federal, Tribunal de Garantías Constitucionales, etc.

El Parlamento Federal sería integrado de representantes de elección popular por medio del sufragio universal, secreto y directo, por circunscripciones semejantes a las vigentes, supeditando la cualidad de candidato a la residencia normal en el territorio de su circunscripción respectiva.

Quedarían bien definidos los servicios y estamentos de competencia exclusiva central, tales como el Ejército, comunicaciones, etc.

Con el establecimiento de las autonomías regionales, deberá coincidir la liberación del Municipio, fuente inalienable de derecho popular y garantía la más indefectible para un desenvolvimiento espontáneo y vital de la sociedad en sus distintas manifestaciones políticas, sociales y religiosas.

Asimismo, deberán crearse las circunscripciones jurídicas intermedias entre los municipios y las provincias, correspondientes a las comarcas naturales, de manera que las actuales Diputaciones provinciales, al perder su cualidad de enlazamiento con el Estado Central, queden como el núcleo administrativo que recoja las iniciativas de los otros estamentos inferiores, transmitiéndolos, ya resueltos en lo de su competencia, a los Consejos y Parlamentos regionales.

Para los cargos públicos administrativos que no sean afectados directamente a los servicios de competencia central, tendrán acceso preferente los nativos o residentes habituales de cada región. En todo caso, se exigirá a todo funcionario de índole administrativa que no implique función directa del Gobierno Central, el conocimiento de la lengua hablada en el territorio de su afectación.

Los Presidentes de los distintos Gobiernos Regionales ostentarán a su vez la representación delegada del Gobierno Federal y formarán parte del Tribunal de Garantías Constitucionales o del Senado en su caso.

This entry was posted on Dimarts, novembre 6th, 1990 at 22:12 and is filed under Memòria històrica, País Valencià. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.